Por Aleida Paredes
Lo que inició como una protesta por el retraso en el pago de becas terminó convertido en un episodio de violencia que encendió las alarmas sobre la cultura del subsidio entre jóvenes estudiantes.
Alumnos del CONALEP Plantel 51 en Villahermosa, Tabasco, incendiaron un autobús escolar en reclamo por la falta de depósitos del programa Bienestar Benito Juárez, tras denunciar que cientos de ellos no fueron incluidos en el padrón de beneficiarios.
El fuego, sofocado por bomberos sin lesionados, consumió más que un vehículo: exhibió una fractura creciente en la relación entre el Estado y la juventud, donde los apoyos económicos se han convertido en derechos exigibles por la vía de la fuerza.
¿Protesta o advertencia social? El subsidio como detonante
El caso no solo refleja un problema administrativo, sino una transformación de fondo en los jóvenes beneficiarios de programas sociales. En un país donde los apoyos económicos gubernamentales se han multiplicado, una parte de la juventud parece haber adoptado la idea de que estos recursos son un ingreso garantizado.
En ese contexto, la beca deja de ser un apoyo vinculado al estudio y se convierte en un “derecho económico” cuya ausencia justifica acciones extremas.
México no es ajeno a estas tensiones. En los últimos años, protestas violentas por retrasos en Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez y otros programas sociales han incluido cierre de oficinas, vandalismo e incluso retención de funcionarios.
El patrón es claro: el subsidio, cuando se vuelve permanente y se percibe como obligatorio, cambia el comportamiento social. Lo que antes era un apoyo, ahora es un ingreso que se exige con la misma intensidad con la que se exige un salario.
La mentalidad del subsidio: una nueva forma de relación con el Estado
Cuando los jóvenes perciben el subsidio como un recurso que “les corresponde por existir”, se debilita el sentido de responsabilidad personal y el valor del esfuerzo académico.
Esa mentalidad se nutre de un discurso público que presenta a los apoyos como derechos adquiridos, sin matices ni condiciones. En el terreno, esto puede derivar en:
• frustración al primer retraso del gobierno,
• protestas que escalan con rapidez,
• violencia para presionar a las autoridades,
• pérdida de confianza en el mérito y el estudio,
• y normalización de la dependencia económica.
Lo ocurrido en Tabasco es, en ese sentido, un indicador de riesgo: la ciudadanía más joven está interiorizando la idea de que el Estado es un proveedor permanente, y que exigirle con fuerza es una forma legítima de “defender sus derechos”.
Habrá quien afirme que el aumento de becas y apoyos directos ha tenido efectos positivos en los sectores vulnerables, sin embargo, cuando la política social se convierte en eje político, el beneficio pierde equilibrio. El riesgo es doble: se genera dependencia y se erosiona el sentido de mérito y responsabilidad.
Cuando los jóvenes aprenden a vivir del subsidio, la ausencia o retraso del mismo no se vive como un problema administrativo, sino como una afrenta personal.
¿Quién educa a los jóvenes: la escuela o el subsidio?
La quema del autobús del CONALEP evidencia una falla simultánea de varios sistemas:
• Educativo, por no reforzar una cultura del esfuerzo y la responsabilidad.
• Administrativo, por errores en el registro y falta de claridad en los procesos.
• Político, por fomentar expectativas irreales sobre la permanencia del subsidio.
• Social, al normalizar la violencia como herramienta de presión.
Si no se atiende esta problemática, México podría reproducir escenarios ya vistos en países donde el subsidio masivo derivó en clientelismo político y convulsión social.
El incidente en Tabasco no es solo una protesta escolar. Es un mensaje de fondo sobre el país que estamos formando: uno donde los jóvenes confían más en el dinero del Estado que en sus propias capacidades, y donde la violencia se ve como un camino legítimo para obtener recursos.
La solución no podría ser eliminar los apoyos de un día para otro, a estas alturas sería un caos la sola propuesta (sobre todo para las familias de escasos recursos que en verdad lo necesitan). Pero definitivamente México tiene que cambiar el rumbo, los padres de familia y la sociedad en general estamos viendo cada vez más señales que hacen necesario y urgente un cambio de sistema socioeconómico y político en el que las familias no tengan que depender de las dádivas de un gobierno para salir adelante.
El cambio de sistema que requiere México debe ser tan radical que ningún mexicano siga teniendo que arriesgar la vida para migrar al norte buscando la movilidad social que en este país está negada o se complica tanto por las excesivas regulaciones al emprendimiento y por la creciente esclavitud fiscal que padecemos.
Si seguimos por esta vertiente socialista y asistencialista en que estamos sumidos como país, creyendo que “Papá Estado” nos mantendrá de la cuna a la tumba, México no tendrá futuro y episodios como el del CONALEP se convertirán en la nueva normalidad de una generación atrapada en la dependencia y la frustración.
