Por: Aleida Paredes
Entre el 6 y el 12 de octubre de 2025 México ha sufrido intensas precipitaciones asociadas a las tormentas Priscilla y Raymond. El saldo provisional —según los conteos oficiales y reportes internacionales— asciende a decenas de muertos, miles de viviendas afectadas y daños generalizados en infraestructura. Estas cifras no son solo estadísticas frías: muestran la vulnerabilidad real de comunidades enteras y colocan en el centro del debate la política pública sobre prevención, financiamiento y reconstrucción —incluida la decisión política de eliminar el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Tragedias como estas hacen que nos cuestionemos la desaparición del FONDEN y que se retome la discusión, comparto algunas evidentes consecuencias:
a) Retraso en la disponibilidad de recursos líquidos y en la reconstrucción.
Un fondo centralizado, bien diseñado y transparente permite desembolsos rápidos a proyectos de rehabilitación de infraestructura esencial (puentes, drenajes, hospitales, escuelas). Sin ese mecanismo, la respuesta suele depender de reasignaciones presupuestales, decretos de emergencia o de la buena voluntad de gobiernos estatales y municipales. Eso se traduce en demoras y en reconstrucciones parciales o de baja calidad —que aumentan la fragilidad futura. (Soporte conceptual: revisiones sobre FONDEN y prácticas internacionales).
b) Mayor exposición fiscal y arbitrariedad política.
Sin un instrumento prefinanciado o con esquemas de transferencia de riesgo (seguros paramétricos, reservas), el Ejecutivo Federal termina enfrentando presiones para realizar asignaciones discrecionales que pueden politizar la ayuda y favorecer clientelas. La experiencia comparada y análisis técnicos advertían que eliminar mecanismos formales incrementa la incertidumbre legal y financiera en la reconstrucción.
c) Fragmentación institucional y problemas de coordinación.
FONDEN servía para articular recursos federales de reconstrucción; su ausencia obliga a construir soluciones ad hoc entre dependencias, estados y municipios. Ello complica la priorización técnica (qué reconstruir primero, cómo asegurar criterios de riesgo y territorialidad) y eleva costos indirectos.
Los desastres y lamentables pérdidas que acarrean estas lluvias en México exponen dos verdades incómodas: la naturaleza puede azotar con rapidez —pero las peores consecuencias humanas y económicas se agravan por malas decisiones públicas—. El debate sobre FONDEN no es nostálgico ni técnico: es político y moral.
Si la eliminación de un instrumento dejó un vacío operativo, la respuesta responsable desde una postura crítica es proponer mecanismos que aseguren previsibilidad presupuestal, disciplina en el gasto, mercados de transferencia del riesgo y estricta transparencia. Ayudar a las víctimas hoy exige urgencia humanitaria; prevenir tragedias mañana exige institucionalidad sólida y reglas que protejan la libertad y la propiedad sin clientelismos ni opacidad.
