Elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Por: Francisco Carlos Zárate Ruiz
Los debates políticos, en todo el mundo, constituyen un ejercicio variopinto, pues enfrentan diferentes ideologías o concepciones políticas, no desde la perspectiva del bienestar de las naciones o de los grupos sociales mayoritarios, sino desde la posibilidad de adquirir poder preponderante o de vencer a sus oponentes en un tema determinado, lo cual conferiría prestigio al ganador y disminuiría el del perdedor.
Actualmente, en México, los debates políticos —incluidos los de las máximas tribunas, llamadas Cámara de Diputados y Cámara de Senadores (sin mencionar a los candidatos a la Presidencia de la República, porque causan náuseas)— se encuentran en su nivel más bajo; abyecto, podría decir, para lo que debería considerarse un verdadero debate político. Estos debates han sido reducidos, por quienes se creen próceres de la nación, a lo siguiente:
- Proferir insultos innecesarios contra los representantes y/o sus partidos.
- Calificar algunas expresiones o actitudes como “violencia política de género” (que, curiosamente, solo aplica cuando las víctimas son mujeres), en un ámbito político donde todos son pares; es decir, iguales en derechos y obligaciones, sin importar el género.
- Utilizar la tribuna para atacar al gobierno, incluso cuando el punto del orden del día es claro y específico.
- Tratar de “reventar” las sesiones importantes con estridencias y actitudes más propias de payasos que de miembros del Congreso.
- Tergiversar la esencia de lo que se debate, ya sea lo estipulado en la Constitución, en las leyes secundarias o en las declaraciones de la parte contraria.
Tal es el caso de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que más parece un diálogo de sordos que un debate político fundamental. Las razones para dicha reforma, a mi leal saber y entender, son las siguientes:
- El Poder Judicial, en lugar de aplicar la ley y procurar justicia al pueblo de manera pronta y expedita, se limita a aplicar la letra de la ley sin considerar su espíritu ni el principio de justicia.
- La corrupción campea en todos los órganos que integran el PJF, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los Juzgados de Distrito. Esta corrupción se manifiesta en el nepotismo, el influyentismo y las argucias legales que benefician a ciertas personas, físicas o morales, aun a costa de pasar por encima de la Constitución.
- El PJF, al ser uno de los tres poderes que integran el gobierno —y, por ende, parte del Estado mexicano—, debería regirse por los mismos principios fundamentales del sistema político, uno de los cuales es que sus integrantes sean electos por voto popular.
- En el Poder Judicial se comete la aberración de que el presidente o presidenta de la Suprema Corte también preside el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de controlar al propio PJ. Este consejo está compuesto por siete consejeros, tres de los cuales son designados por el pleno de la Suprema Corte.
- El PJF, que en teoría es el guardián de la Constitución, la viola flagrantemente. Por ejemplo, no acata la disposición que establece que los ministros de la Suprema Corte deben tener sueldos inferiores al del Presidente de la República. Cumplir con esta disposición no afecta la separación de poderes, ya que se trata de un mandato constitucional promovido por dos de los tres poderes de la Unión.
El Poder Judicial se opone a la reforma constitucional con los siguientes argumentos:
- Que la elección del Poder Judicial mediante voto popular permitiría al gobierno colocar a sus incondicionales, ya que el voto popular es fácilmente manipulable.
Comentario: Si esto fuera completamente cierto, entonces significaría que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están integrados por funcionarios espurios. - Que ese procedimiento permitiría que lleguen a ser ministros, magistrados y jueces personas sin la capacidad profesional ni la experiencia judicial necesarias.
Comentario: Este argumento es desacertado, pues la integración de los órganos judiciales será paulatina, precisamente para permitir que los nuevos funcionarios se familiaricen con el trabajo. Además, supone que los actuales miembros del Poder Judicial se consideran la cúspide del conocimiento jurídico y, por tanto, insustituibles.
Por otra parte, Lorenzo Córdova Vianello, ex presidente del IFE-INE, afirmó en un video dirigido a la presidenta Sheinbaum que elegir al Poder Judicial por voto popular convertiría a las instancias de justicia en órganos políticos, lo que provocaría la pérdida de su imparcialidad. Añadió que “en ninguna de las democracias de a de veras se eligen por el voto popular…”.
Comentario: No sé qué órgano académico le dio a Córdova Vianello la autoridad para calificar a las democracias, y menos usando expresiones como “de a de veras”. Además, su análisis es erróneo: ninguna forma de selección de funcionarios judiciales —ni esta ni ninguna otra— garantiza por sí sola imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
La asignatura pendiente es la reforma constitucional de todos y cada uno de los poderes judiciales de los estados. Ojalá que todo este esfuerzo y gasto sirvan para algo en estas tan necesarias reformas constitucionales.
Pinotepa de los Pueblos Originarios y Afromexicanos, 05/04/2025.
